El Parlament se suma a la lucha institucional contra la homofobia

CDC, ERC, PSC, ICV-EUiA, C’s y CUP han apoyado la totalidad del dictamen, mientras que el PP ha votado en contra y UDC se ha desmarcado de sus socios de CDC y se ha opuesto en tres aspectos: las sanciones; la coeducación y la carga de prueba.

En rueda de prensa, el líder de CiU en el Parlament, Jordi Turull, ha subrayado que la federación ha votado conjuntamente en alrededor de un 80% de la norma, y ha recordado que tradicionalmente hay debates en los que CDC y UDC votan distinto.

Los grupos que han apoyado el dictamen han celebrado que el Parlament avance en la aprobación de una ley ‘pionera’ en la lucha contra la discriminación de los colectivos LGTB.

Apoyo de la gran mayoría

La medida ha sido aplaudida por un Parlament que ha mostrado un apoyo sólido a la comunidad. Además, se prevé, en una disposición adicional, la creación de una oficina independiente en la ley contra la discriminación que se debe aprobar en aproximadamente ocho meses, para dar garantía al trámite sancionador, de atención y quejas de afectados.

La diputada Eva Granados (PSC) se ha mostrado ‘satisfecha y feliz’ por el acuerdo que hace de Catalunya ‘un país pionero y ejemplar’, mientras que Joan Mena (ICV-EUiA) ha calificado este proyecto de ‘gran paso adelante’, destacando la ‘importancia’ del régimen sancionador acordado. 
 

EL PP y su constante hipocresía

El portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, ha subrayado que, pese al ‘no’ de su grupo al dictamen, los populares están ‘absolutamente comprometidos’ con la defensa de la igualdad y la lucha contra la discriminación.

El dirigente popular ha lamentado las ‘prisas’ con las que se ha querido aprobar la ley anteponiendo la ponencia a otros debates y comparecencias, y ha deplorado que este martes se haya votado el dictamen de la ley sin que los diputados hubieran tenido acceso al mismo con suficiente antelación.

Más allá de cuestiones formales, Millo ha explicado que su partido tiene dudas sobre algunos aspectos de ‘discriminación positiva’ y el régimen sancionador, y ha avanzado que estudian la posibilidad de llevar el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

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