Extremadura apoya por unanimidad su ley de reproducción asistida y pro LGTBI
Fue una promesa del frecuentemente díscolo y locuaz presidente Monago, pero al final no se ha quedado en sólo palabras. La La ley que financiará que las mujeres solteras, bi y homosexuales puedan acceder a la reproducción asistida a través del Servicio de Salud extremeño ha comenzado su tramitación en el parlamento autonómico.
Con unanimidad de los cuatro grupos con representación en la cámara la ley garantizará la reproducción asistida a las mujeres lesbianas y bisexuales y los procedimientos de reasignación de sexo, que serán asumidos por la administración sanitaria territorial.
Presentada por el Grupo Popular, la propuesta de ley pasó ayer el Pleno del Parlamento extremeño y, al no recibir ninguna enmienda a la totalidad, ha sido remitida a la comisión parlamentaria competente, iniciando así su tramitación parlamentaria.
En su intervención durante el debate de totalidad del texto, la diputada del Grupo Popular Francisca Rosa, ha defendido que esta ley es ‘un paso firme y decidido’ en la ‘aplicación real’ del principio de igualdad recogido en numerosas leyes de ámbito autonómico y estatal, incluidos el Estatuto de Autonomía y la Constitución, así como ‘acabar con cualquier tipo de discriminación’ contra el colectivo LGBTI.
A su vez, la política ha recordado el trabajo realizado hasta llegar a esta ley por parte de los colectivos activistas, años atrás, que ‘abrieron el camino’, y que hoy mantienen principalmente Extremadura Entiende y Fundación Triángulo, que han participado en la redacción del texto.
¿Qué contempla la nueva ley?
La nueva norma introduce cambios en las políticas sanitarias, educativas y en los régimenes sancionadores, tal y como han pedido en numerosas ocasiones los grupos activistas. Entre ellas, destacan:
- Que las mujeres lesbianas y bisexuales tengan garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida.
- La inclusión de un protocolo de atención integral a personas transexuales, con el que se pretende mejorar la detección temprana de las manifestaciones de la transexualidad y la calidad de la asistencia sanitaria prestada a este colectivo.
- La prestación, por parte de la Administración regional, de una atención real y efectiva a las personas víctimas de la violencia homo o transfóbica, que serán considerados como delitos de odio.
- La inclusión de planes de educación y campañas de información en el ámbito educativo y la formación específica de los profesionales sanitarios en la atención a personas del colectivo LGBTI.
- El establecimiento de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 45.000 euros en el caso de infracciones muy graves por la realización de acciones u omisiones tipificadas en la ley contra el colectivo.