Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, se ha encargado de presentar la normativa en un acto público al que han asistido representantes de grupos parlamentarios, de universidades, del colectivo LGTBI, de miembros de la conselleria y funcionarios.
En un acto con altas dosis de emotividad, Oltra ha querido destacar que esta nueva norma conseguirá que:
La sociedad será más libre porque con su aplicación se conseguirá una sociedad mucho más respetuosa, que contemple la diversidad como un valor y no como una amenaza’.
Además, la vicepresidenta ha destacado que la nueva ley supone una despatologización de la transexualidad, en la medida en que ya no será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana. La ‘opresión’ contra este colectivo, al igual que cualquier tipo de ‘violencias sociales dirigidas hacia las personas que no se adaptan a unos roles construidos socialmente’ implica ‘una opresión hacia toda la sociedad’.
Durante el acto también han intervenido Ana, Carlos y Dylan, tres personas que verán como la normativa que se implantará el próximo mes supondrá un cambio radical en sus vidas.
Un reconocimiento al activismo
Ana ha indicado que es un día ‘muy importante’ tras años sintiéndose ‘criminalizados’ y ‘sin tener los mismos derechos y oportunidades’. Carlos ha querido incidir que esta ley es un ‘sueño hecho realidad’ puesto que deja de considerarles ciudadanos de segunda. Por su parte, Dylan ha aplaudido el anteproyecto de esta ley puesto que es ‘un avance’ que permite una mejor integración familiar y social de este colectivo.
El texto equipara a la comunidad valenciana con otras regiones de nuestro país en cuanto a reconocimiento de los derechos de las personas trans.
La normativa recoge, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica.
Además, plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.