Comienza el juicio por la exclusión de una pareja lésbica de la reproducción asistida
En noviembre de 2014 el BOE hizo público el decreto que excluye de las mujeres sin pareja varón de las técnicas de reproducción asistida contempladas en la Cartera Común del Sistema Nacional de Salud. Una clara discriminación a todas las mujeres solteras y lesbianas que el activismo feminista y LGTB llevan meses denunciando.
Esta fragrante diferenciación entre las mujeres que tienen pareja varón y ”el resto” fue llevada a cabo a través de una orden ministerial, y sistemáticamente apartó a no pocas mujeres lesbianas y solteras de su aspiración de ser madres.
No obstante, en el caso de Tania y Verónica -nombres ficticios- la interrupción se dió a mitad de tratamiento, alegando que no habían acreditado ‘un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal’ -con la más que repugnante suposición de que es el pene el que posibilita el coito vaginal-.
En este incoherente y altamente discriminatorio contexto, Tania y Verónica han defendido ante el titular del Juzgado de lo Social número 18 de la Comunidad de Madrid que la citada orden ministerial vulneró frontalmente su derecho fundamental a la maternidad.
Según ha afirmado la abogada de la pareja, Cristina Sánchez, la denuncia no sólo se limita al Ministerio de Sanidad, pues también consideran responsables directos de su exclusión a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz.
Isabel Gómez, co portavoz de la FELGTB, ha asistido al juicio, que ha quedado visto para sentencia, para mostrar el apoyo del colectivo a la pareja, señalando que:
Es necesario que la igualdad de derechos se extienda a todas las familias y a todos los territorios porque la orden ministerial injusta del Gobierno del Partido Popular ha excluido de la maternidad sólo a algunas mujeres, aquellas que no van acompañadas de un hombre”.
Por su parte, como explica Carmen Miguel, Directora Legal Regional de Women’s Link:
A pesar de la reanudación del tratamiento tanto Verónica como Tania quieren continuar la batalla judicial, no sólo para que ellas puedan ser madres sino para que ninguna otra mujer que opta por la maternidad sea discriminada por el sistema público de salud.”