CESIDA reprueba a Sanidad la inexistencia de un Plan Estratégico contra la hepatitis C

La Coordinadora Estatal de VIH/SIDA ha denunciado la actitud del Ministerio de Sanidad respecto a su atención a la hepatitis C, acusándole de no querer diagnosticar a las casi 330.000 personas que se estima están infectadas en España y todavía no lo saben.

De esta manera se ha manifestado el presidente de CESIDA, Juan Ramón Barrios, quien ha añadido que ‘no se puede permitir que el Gobierno de España carezca aún de un Plan Estratégico contra este virus, donde no sólo se trabaje por el tratamiento sino por la prevención y la detección’.

La indignación de CESIDA se ha incrementado al enterarse de que el Partido Popular no considera necesario que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Congreso de los Diputados explique sus planes sobre la financiación de los nuevos tratamientos frente a la hepatitis C, durante la reunión de la Diputación Permanente, tal como había solicitado el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en comparecencia extraordinaria de la ministra.

Asimismo, Barrios ha destacado: 

Igualmente lamentable e inadmisible es el hecho de que ciertas Comunidades Autónomas estén incumpliendo su responsabilidad de proporcionar tratamiento alegando el elevado coste del medicamento para tratar a estos pacientes’.

Critican el abandono de los pacientes

Actualmente se estima que en España unas 500.000 personas están afectadas de manera crónica por hepatitis C, de las que sólo un 34 por ciento conoce su diagnóstico. A partir de octubre, los 28 países miembros de la Unión Europea han quedado en convocar a un grupo de expertos para concretar posibles acciones para que los pacientes puedan acceder a precios razonables a los tratamientos de última generación.

El Gobierno de España no dio su apoyo hace unos días en Bruselas a la iniciativa de Francia de crear una plataforma europea específica para combatir el elevado precio de uno de los nuevos medicamentos más prometedores frente a la hepatitis C.

El Gobierno rechazó su apoyo alegando que, hasta la reunión convocada por la Comisión Europea y la presidencia europea, los países no habían tenido ocasión de posicionarse oficialmente ante la propuesta planteada por Francia.

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