Pionera, igualitaria, histórica…el Parlamento de Extremadura ha aprobado una ley enfocada al colectivo LGTB que se puede calificar con adjetivos superlativos.
La aprobación de la nueva ley ha llegado tras el debate que se ha establecido por algunas enmiendas parciales. Una norma que desde su concepción ha contado con el apoyo de los diferentes grupos políticos que durante los trámites parlamentarios han puesto todos sus esfuerzos en la búsqueda de un consenso general.
Ante un día tan importante para el colectivo LGTB, la votación se ha llevado a cabo con la asistencia entre el público de activistas LGTBI de toda España y representantes de la Fundación Triángulo y Extremadura Entiende. La afluencia de público ha sido tan masiva que no solo se ha llenado la tribuna del hemiciclo, sino que la antigua sala contigua también ha tenido que ser habilitada para acoger a las numerosas personas que querían seguir la votación.
Nuevos protocolos
La ley, que ahora tiene que ir creciendo con la elaboración de distintos reglamentos, contempla entre otras medidas que las mujeres lesbianas y bisexuales tengan garantizado una igualdad de condiciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida.
Igualmente, incluye un protocolo de atención integral a personas transexuales, con el que se pretende mejorar la detección temprana de las manifestaciones de la transexualidad y la calidad de la asistencia sanitaria prestada a este colectivo.
Este protocolo de atención abarca todas las fases de las personas trans. Comprende desde la detección temprana de las manifestaciones de transexualidad, su diagnosis y tratamiento especializado que incluye atención psicológica adecuada para iniciar los procedimientos de reasignación de sexo, y tratamientos necesarios para adecuar la modulación de la voz.
Dentro de su carácter protector, la ley también contempla ayudas directas de las instituciones. De este modo, se garantiza una por parte de la Administración regional una atención real y efectiva a las personas víctimas de la violencia homofóbica o transfóbica, que serán considerados como delitos de odio.
Así, entre otras cuestiones, contempla la presentación de la Administración como acusación en un proceso jurídico contra el agresor y el acompañamiento a la víctima con medidas de apoyo jurídico, social y económico, y protege también a sus familiares.
Asimismo, tendrán consideración de violencia familiar y se adoptarán medidas de apoyo, mediación y protección, a cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual, identidad o expresión de género.
Otras medidas son los planes de educación y las campañas de información en el ámbito educativo, la formación específica de los profesionales sanitarios en la atención a personas del colectivo LGBTI.
Observatorio contra la LGTBfobia
Una de las peticiones más recurrentes de los activistas LGTB también ha encontrado respuesta con la creación de un Observatorio de lucha contra homofobia y la transfobia.
Este observatorio comprende la puesta en marcha de protocolos policiales, formación de los empleados públicos (sanitarios, educadores, funcionarios, etc) para evitar la discriminación de miembros del colectivo en su relación con la administración.
También establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 45.000 euros en el caso de infracciones muy graves por la realización de acciones u omisiones tipificadas en la ley. Se estipulan en ‘leves’ de hasta 3.000 euros, ‘graves’ de hasta 20.000, y ‘muy graves’, con un máximo de 45.000 euros.