El Gobierno comienza a prestar atención al acoso LGTBfóbico en los centros de estudio

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha solicitado a las Direcciones Generales de Educación de las diecisiete comunidades autónomas más las dos ciudades de Ceuta y Melilla información sobre los planes, materiales y todo tipo de recursos de los que disponen para hacer frente al acoso por orientación sexual e identidad de género en sus centros.

Esta iniciativa, impulsada por FELGTB y el Defensor del Pueblo, surgió hace dos años, cuando la Federación presentó los resultados del informe ‘Acoso escolar y riesgo de suicidio por orientación sexual e identidad de género: el fracaso del Sistema Educativo‘ en las Defensorías del Pueblo de las 17 comunidades autónomas y de Melilla, así como en la Defensoría estatal.

Coincidiendo con el Día Mundial contra la LGTBfobia de 2013 ante las instituciones se denunciaba la situación de extrema inseguridad en la que se encuentran jóvenes y adolescentes LGTB y la necesidad de que se tomen medidas urgentes tanto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como por las Consejerías de Educación autonómicas.

Salir del armario en el colegio favorece la salud mental

El incio de la atención institucional sobre este asunto llega al tiempo que los resultados del estudioBeing out at school: The implications for school victimization and young adult adjustment‘ publicado por el Diario Americano de Ortopsiquiatría. 

En él se detalla que las personas adultas LGTB tienen una mejor autoestima y experimentan menos la depresión si en su etapa escolar podían expresar su orientación sexual o identidad de género de manera libre y segura.

El equipo de investigación halló relación entre las personas que habían sufrido abuso LGTBfóbico a edades tempranas con mermas en su equilibrio mental de adultos, con independencia de que los estudiantes trataran de ocultar o no su condición homo, bi, trans o intersexual.

No obstante, el estudio no ha podido probar esta correlación en todos los casos, por lo que resuelven que es competencia de las escuelas tener docentes y personal entrenado políticas que protejan a todos sus estudiantes.