Las personas migrantes volverán a tener derecho a ir al médico, pero no a la tarjeta sanitaria
Tras la aprobación de la reforma sanitaria el pasado 2012, las personas extranjeras no nacionalizadas como españolas vieron como sus derechos sanitarios eran reducidos exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Esta medida, duramente criticada desde los entornos facultativos y asociaciones sanitarias por la irresponsabilidad que supone para la salud pública negarle la atención a integrantes de la sociedad civil, también vulnera los compromisos internacionales adoptados por España en el control de las enfermedades de naturaleza infecciosa, entre otras.
Sanidad, que se comprometió a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, sí detalló entonces que para financiarla se debería recurrir a los convenios de colaboración con los países de origen de los paciente. Y en el caso de no exisitir nonguno, sería el facultativo quien determinara su riesgo vital para serle administrada cualquier terapia.
Hoy conocemos que el presente ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso ha anunciado que las personas migrantes no nacionalizadas tendrán derecho a la asistencia primaria porque es ‘más práctico’ y para ‘no saturar las urgencias’.
No obstante, Alonso ha manifestado estar en contra de que los integrantes del citado colectivo pueda ser titulares de tarjetas sanitarias, algo que determinará la salud de las 153.000 personas que se estima se encuentran en situación irregular en nuestro país -cifra que las ONG elevan hasta casi un millón-.
Por otro lado, Alonso ha confirmado que mantendrá el repago farmacéutico porque España ”siempre ha tenido un gasto elevado de medicamentos” y que para hacer al coste de la vanguardia terapéutica de patologías como el cáncer o la diabetes, Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia, que no podrá superar el PIB.
Este fondo, explica el ministro, no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de ‘una situación excepcional’ que requiere ‘una solución excepcional’.