La justicia, a favor del profesor que fue despedido en un acto homófobo
Según indican fuentes del caso a Europa Press, el Ministerio Fiscal interesó al titular del juzgado que instruye el caso en el juicio celebrado este lunes 26 de mayo lo mismo que la representación letrada del docente, ya que concluye que en la no renovación del profesor existió una vulneración de los derechos fundamentales.
Las citadas fuentes explican que la representación letrada del docente en el caso expone que en la no renovación hubo ‘una vulneración del derecho fundamental a la orientación sexual’.
Además de la readmisión del docente en su puesto de trabajo, la parte actora ha solicitado una indemnización de 114.000 euros por esa falta ‘muy grave’ que supone la no renovación de la actividad laboral del profesor en el colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Un caso denunciado por las asociaciones
Después de que el caso saliera a la luz a finales de enero, la Fundación Triángulo sostuvo que el referido se trata de ‘un caso claro de homofobia’. Asimismo, apuntó que ‘al tratarse de un centro concertado y sostenido con fondos públicos, la Junta tiene también la obligación de actuar’.
La Fundación Triángulo detalló que el colegio justificó la medida argumentando que el docente no contaba con el título de inglés B-2. Sin embargo, según la Fundación Triángulo, el centro lo mantuvo contratado ‘durante muchos años’ como profesor y ‘sólo cuando ha comentado su orientación sexual ha sido apartado’.
La FEGLTB también ha denunciado el caso junto con la asociación andaluza Jerelesgay. Las asociaciones han solicitado a la Junta de Andalucia que intervenga en el caso para ofrecer un apoyo firme al profesor, aunque en este caso la decisión de la justicia ha sido clara y se postula de manera rotunda a favor de los derechos del docente.
Aunque el caso ha servido para confirmar las palabrs de Boti G. Rodrigo, presidenta de FELGTB, en las que recuerda que:
Se hace patente una vez más la necesidad de una ley de igualdad de trato donde se recojan las recomendaciones y directivas europeas de protección a la diversidad que hoy en día son ignoradas. Un Estado de Derecho debe garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género y no quedarse de brazos cruzados”.