El parlamento lituano aplaza el debate de su ‘ley anti-gay’
Según informa en su versión inglesa el diario lituano Delfi, la votación de esta conservadora norma se ha aplazado en el último momento. Al parecer, 39 diputados votaron a favor de retirar el proyecto de ley de la agenda parlamentaria, mientras que otros 34 lo hicieron a favor de mantenerla. Además, 20 de ellos se abstuvieron.
El gobierno de Lituania quiere implantar una ley complicada de traducir al castellano, puesto que no entendemos qué es eso de la ‘profanación de la familia pública’. El polémico proyecto de ley ha sido impulsado por el ministro de Orden y Justicia lituano, Petras Grazulis, y pretende imponer multas por la profanación pública de los valores morales y familiares constitucionales. Es decir, no sólo afectaría a las familias de matrimonios de personas del mismo sexo, sino también a las familias homoparentales.
La sanción se materializaría en una multa que podría ir desde los 289 o 870 euros las más leves, a unos 1700 euros si la persona es reincidente.
Demasiados flecos sueltos
Asimismo, el Departamento de Derecho Europeo -organismo dependiente del propio Ministerio de Justicia- ha declarado que el proyecto de ley no especifica cuál sería la aplicación de la norma en última instancia, por lo que aún quedarían aspectos legislativos por aclarar.
El mismo ente se pregunta si, por ejemplo, una manifestación a favor de los derechos de la Comunidad LGTB sería motivo de ‘profanación de los valores públicos lituanos’.
Influencia rusa
Numerosas voces se han alzado en contra de una nueva ley anti-gay en el marco de la Unión Europea. El país presidido por Dalia Grybauskaite, se ve, en este caso, influenciado por la nueva legislación rusa, que coarta los derechos de las personas homosexuales y promueve la homofobia.
Lituania, que entró en la Unión Europea en el año 2004, pretende aumentar la pesecución de gais y lesbianas en lugar de dar visibilidad al colectivo y luchar contra la violación de los derechos humanos.
Por su parte, la Liga Gay Lituana ya ha afirmado que las modificaciones en esta ley tienen como objetivo castigar a los organizadores de las marchas en favor de este colectivo.