El Congreso de México apremia a los estados para reconocer el matrimonio igualitario
A pesar de que en la última década México ha integrado paulatinamente medidas en favor de los derechos civiles del colectivo LGTB que han ayudado a la reciente aprobación del matrimonio igualitario en la práctica totalidad de su territorio, todavía quedan pequeños reductos en los que la jurisprudencia sobre este asunto no ha actuado.
Por esa razón, y en la misma diracción que la reciente derogación de las prohibición estatales que impedían en EEUU la legalización de este derecho a nivel nacional, el Gobierno mexicano ha decidido dar un nuevo espaldarazo a su ley de matrimonio igualitario instando a todos sus estados y localidades ha poner los medios para reconocerlo si todavía no lo han hecho.
Tal y como recoge el medio EXCELSIOR, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que obliga a los congresos estatales a actualizar su legislación con el fin de garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en toda la nación.
Encabezada por Miguel Barbosa, la Comisión votó a través de un procedimiento a mano alzada, del que resultó el apoyo al dictamen del que sólamente se abstuvieron 13 legisladores del PRI y del PVEM.
La resolución de la Comisión exhorta a los congresos locales a homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte a armonizar su legislación estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario”.
Los Congresos locales que deberán actualizar legislación civil son los de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El 17 del pasado mes de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó que no existe ninguna justificación racional para negar el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, aún cuando existiera un régimen jurídico diferenciado por el cual pudieran optar dichas parejas en lugar de casarse.