La ley anti gay de Uganda comienza a cobrarse víctimas entre las mujeres
Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que denuncia la represión, violencia y la discriminación homofóbiba en Uganda, poniendo a su vez de manifiesto el acoso que enfrentan las mujeres por causas como su vestimenta o comportamiento.
Según recogen en ‘Rule by Law’. Discriminatory and Legitimized Abuses in Uganda’,la Ley contra la Pornografía -aneja la Ley contra la Homosexualidad derogada el pasado mes de agosto– se está cobrando numerosas víctimas entre la población femenina del país, normalizando sumaltrato incluso en la vía pública.
A pesar de que el presidente Museveni quiere maquillar la ley anti gay para hacerla más ”occidentefriendly”, la población ha tomado como permisión tácita la persecución de las personas sospechosas de pertenecer al colectivo LGTB. Actos que no seon denunciados a la policía por temer mayores represalias.
Maltrato público a las mujeres
La realidad que permanecía invisibilizada hasta este momento es la de las mujeres, que se han convertido en las principales víctimas de la Ley de Pornografía. Desde su promulgación, la Policía ha acosado a las ugandesas por su vestimenta, incluso una abogada llegó a recibir amenazas por su aspecto.
La ley ha provocado además el aumento de los abusos, que no son denuciados por miedo a ser ‘golpeadas y manoseadas’. El informe recoge también diversos incidentes que se han vivido en las calles de Uganda cuando una multitud atacó y desnudó en público a un grupo de mujeres que ‘vestían impúdicamente’.
Las autoridades ugandesas, a pesar de subrayar que dicha ley no daba ‘autoridad para desvestir a las mujeres’, no ha derogado la medida, aunque el Parlamento está tramitando un recurso sobre su constitucionalidad.
Ante esta situación, la directora adjunta del Programa para África Oriental de Amnistía Internacional, Sarah Jackson, ha señalado:
La represión en Uganda está cada vez más sancionada por el Estado mediante el uso de leyes abiertamente discriminatorias que menoscaban derechos garantizados en la Constitución del país […] (Es intolerable) ‘el hecho de que la Policía no investigue los abusos’ y que ‘el Estado tolere y propague la impunidad’.