Las personas trans y travestis argentinas que fueron encarceladas o sufrieron cualquier clase de violación de sus derechos por parte de instituciones de gobiernos anteriores han impulsado una iniciativa legislativa para que puedan reclamar un resarcimiento económico en forma de pensión.
El proyecto, presentado en la Cámara de Diputados el pasado martes, propone compensar con una pensión mensual de aproximadamente entre 560 y 660 euros a las personas que hayan visto vulnerados o violados sus derechos fundamentales por su condición sexual o identidad de género.
Este proyecto tiene como objetivo reparar la represión y violencia institucional que durante la dictadura sufrieron las minorías sexuales y de género al serles aplicado el Reglamento De Procedimientos Contravencionales y Edictos Policiales, que hasta su derogación en 1998 otorgaba a la policía capacidad de juzgar y encarcelar.
Tal y como ha manifestado Lohana Berkins, coimpulsora del proyecto y presidenta de la asociación ALITT:
(Esta iniciativa) es de un gran impacto para nuestra comunidad, porque sería la primera vez que el Estado, así como nos reconoció en términos de la documentación legal, nos reconocería ahora en nuestra condición de víctimas de las gestiones anteriores en las que sólo aparecían nuestros cuerpos de manera punible.”