El 15 de marzo de hace ocho años el Parlamento aprobó la conocida como Ley de Identidad de Género, que reconoce el derecho de las personas trans modificar sus datos registrales y documentos identificativos sin necesidad de someterse a la reasignación genital y sin procedimiento judicial.
Por esta razón, el activismo tomó esa fecha como conmemorativa del avance de los derechos del colectivo, y la celebran año tras año reclamando los derechos que todavía quedan por asumir para favorecer su igualdad efectiva al resto de la población.
En este sentido la FELGTB ha manifestado a través de una nota de prensa que la citada ley puso los cimientos de la igualdad para las personas transexuales y las situó en el mapa, ayudando a normalizar su documentación y sus vidas.
No obstante, la Federación señala que tras 8 años la ley se muestra incompleta, puesto que excluye a las y los menores transexuales y las personas inmigrantes, que no pueden acceder a una documentación de acuerdo a su género.
De la misma manera, afirman que la ley impone una visión patologizante de la transexualidad al requerir de un informe en el que se diagnostique una ”disforia de género”, concepto que estigmatiza a las personas transexuales.
Por esta razón, la Federación insiste en que todas las comunidades autónomas necesitan una Ley Integral de Transexualidad como las que tienen Navarra, Euskadi, Andalucía o Canarias, que abordan los pasos necesarios para luchar contra la transfobia en los ámbitos sanitario, educativo o laboral, pero también se requiere de una ley estatal.
Mané Fernández, coportavoz de la FELGTB, ha afirmado:
Una ley integral de transexualidad a nivel estatal llenaría los vacíos de la ley de hace 8 años, incluyendo como derecho a la sanidad pública para todas las personas transexuales en igualdad, protocolos educativos para menores con comportamiento de género no normativo, sean transexuales o no, o el reconocimiento de la identidad de los menores y las personas inmigrantes transexuales.’