ATA se opone a la tramitación de la Ley integral de Transexualidad

Los colectivos andaluces de personas transexuales y sus familias han publicado una nota de prensa conjunta en la que manifiestan su oposición frontal al registro y tramitación de la proposición de Ley integral de Transexualidad realizada por los grupos parlamentarios IU-LV-CA y PSOE-A, alegando que los grupos políticos han roto ‘las promesas realizadas públicamente a los representantes de este colectivo, posicionándose del lado de la discriminación y la denegación de los derechos humanos de las personas trans’.

Según podemos leer en el blog de ATA – Sylvia Rivera, en reunión mantenida en el día de ayer con la Secretaria de Salud Pública por representantes de estas asociaciones, se confirma que en la atención sanitaria que se preste a las personas trans, si bien no se realizarán test psicológicos para determinar su identidad de género, sí que se van a continuar exigiendo tests para “descartar patologías”. Esto significa que se mantiene el actual sistema discriminatorio de acceso a la atención sanitaria de las personas trans.

Desconfianza fundada del colectivo

El artículo 4.c) del borrador propuesto especifica que tan sólo aquellas personas que hayan obtenido la documentación administrativa, serán beneficiarias de las prestaciones contenidas en la misma. Esto hace pensar a las asociaciones que ‘no todas las personas que soliciten dicha documentación la van a recibir, sino que es posible que a algunas les sea denegada si no cumplen con ciertos requisitos‘.

Al no estar espoecificados suficientemente los citados requisitos, ATA sospecha que ‘la intención de la Junta de Andalucía es obligar a las personas trans que no hayan obtenido esta documentación, y cuyos derechos se dejan deliberadamente desamparados, a continuar acudiendo a la UTIG, donde se les someterá a los mismos tests que hasta ahora, por el mismo procedimiento que hasta ahora, durante tanto tiempo como las trabajadoras de allí crean conveniente, con la excusa de determinar si no padecen alguna enfermedad mental.’

Pablo Vergara, de Autonomía Trans, ha manifestado en este sentidos que la ley quedaría en ‘papel mojado’:

Las psicólogas de la UTIG continuarán teniendo la llave de nuestros derechos, mientras esta ley no servirá para nada en absoluto. El mero hecho de que toda persona que manifiesta tener una identidad de género distinta a la asignada al nacer se convierta automáticamente en sospechosa de ser una enferma mental, es altamente discriminatorio y estigmatizante”.

La atención santiaria tampoco está garantizada

Según ATA, el artículo relativo a la prestación de la atención sanitaria tampoco recoge las demandas de los colectivos, que los grupos políticos se comprometieron a incluir en la ley. En palabras de Ángela, de Autonomía Trans:

El artículo 11 dice que todas las personas tendrán derecho a la asistencia sanitaria, según lo previsto en la cartera de servicios existente, Pero al encontrarse dentro del capítulo titulado ‘De la atención sanitaria a las personas transexuales’ se entiende que se refiere a todas las personas transexuales, no a la población en general.  Por lo que se nos remite a la atención sanitaria del SAS, es decir, a la UTIG de Málaga, a la centralización y discriminación.

Eva Witt, la presidenta de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis’, señala que todo esto será especialmente grave durante la minoría de edad: 

Afecta especialmente en el periodo de escolarización. Si se condiciona el reconocimiento de la identidad del menor a la obtención de una documentación administrativa, que no sabemos cuanto tiempo tardará en emitirse, si serán tres meses, o serán diez, o no será nunca, y bajo qué condiciones, no queda garantizado que nuestros hijos puedan recibir una educación no discriminatoria. Al igual que ocurre con los adultos, el futuro de nuestros niños dependería de la decisión pretendidamente científica, pero arbitraria, de las trabajadoras de la UTIG”.

Por ello, la presidenta de ATA Mar Cambrollé, exige que no se registre la que denomina una “ley trampa” de Izquierda Unida y el PSOE, y que en su lugar se registre la propuesta realizada por los colectivos de personas transexuales de Andalucía, remitida a los grupos políticos el día 6 de noviembre, tras comprometerse estos a aceptar sus reivindicaciones.

Nuestra propuesta ha sido tergiversada y distorsionada. Nos han engañado. Así las cosas, anunciamos que en breve convocaremos de nuevo una huelga de hambre indefinida que no terminará hasta que no se registre el texto propuesto por los colectivos de personas transexuales”

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