A pesar de que esta ley era uno de los principales compromisos del nuevo equipo formado por Cristina Cifuentes, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid (como en múltiples lugares de la geografía española) el activismo lleva décadas luchando por hacer realidad las demandas del colectivo LGTB.
El colectivo trans, que ha estado históricamente silenciado, encontró en la figura de Carla Antonelli a una de sus principales referencias. Primero como activista y después como diputada de la Asamblea Regional, Antonelli ha realizado un ejercicio de visibilidad y normalización diario de incalculable valor.
Ahora, después de que el Grupo Parlamentario Popular haya rechazado en varios ocasiones (la última el año pasado) una Ley de Transexualidad propuesta por el PSOE, la nueva ejecutiva liderada por Cifuentes ha decidido dar este importante paso y comenzar a trazar la futura Ley de Transexualidad.
Una ley transversal
La norma, que todavía está en una fase muy embrionaria, tendrá que abordar la posibilidad de cambios en el registro y el acceso a terapias de cambio de sexo para las personas transexuales, tal y como recogen otras normativas autonómicas. La Comunidad también quiere que las personas transexuales puedan acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad al resto de la ciudadanía.
Por otro lado, Cifuentes se ha comprometido igualmente a impulsar una Ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTB, el establecimiento de medidas de protección y prevención en violencia LGTBfóbica y en parejas del mismo sexo y la promoción de un convenio con el Colegio de Abogados para la orientación jurídica en esta materia.
Desde 2002, la Comunidad de Madrid ha prestado atención a casi 11.000 personas y se han realizado 72.700 intervenciones, no solo con personas residentes en la Comunidad, sino también procedentes de otros territorios en los que sufren procesos de discriminación por su orientación o identidad sexual.
Además, el Programa LGTB cuenta con un área de formación destinada a profesionales de diversos ámbitos, como sanitario, educativo, de servicios sociales o fuerzas de seguridad, que puedan encontrarse con posibles casos de discriminación.
Desde la creación del programa se ha dado formación a más de 5.000 profesionales como elemento fundamental para la lucha contra la LGTBfobia.