La aprobación de la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid ha iniciado un nuevo capítulo con el registro el pasado viernes de un texto alternativo al presentado por el Gobierno regional (PP) por parte de tres integrantes de Podemos, Ciudadanos y el PSOE.
Esta iniciativa tiene lugar después del malestar denunciado por los colectivos LGTB y el Partido Socialista ante la redacción de un proyecto de ley ”a espaldas” de las demandas específicas de los colectivos trans, en un contexto cuyos antecedentes incluyen el bloqueo de otros proyectos de leyes similares por parte del mismo gupo parlamentario.
Las parlamentarias Beatriz Jimeno, Eva Borox y Carla Antonelli -de Podemos, Ciudadanos y PSOE, respectivamente- han aludido al poder mayoritario de sus tres formaciones en la Cámara regional para instar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a que se una o trate de mejorar su texto alternativo a través de enmiendas, lo que supondría la desestimación del proyecto impulsado por su partido.
Como han manifestado en su registro, las tres diputadas esperan que la Ley sea calificada pronto por la Mesa de la Asamblea y confían en que no suscite rechazo del Ejecutivo regional para su aprobación en durante la presente legislatura, defendiendo que su normativa ”es la mejor ley posible”, pues ha sido redactada junto con los colectivos trans.
¿Qué políticas contempla?
Entre los diferentes aspectos que la normativa introduce, destacan algunos como la creación de un DNI ‘transitorio’ para las personas trans en proceso de cambio de sexo o el reconocimiento de derechos de los menores, además de garantías en los derechos reproductivos del colectivo.
En el ámbito educativo, la normativa contempla la inclusión en el currículum sobre la identidad de género y el respeto a la diversidad, así como sanciones administrativas para los casos de discriminación a personas transexuales.
Tal y como ha explicado Beatriz Gimeno, su propuesta está articulada en consecuencia con ”todas las reivindicaciones” del colectivo trans, que incluyen el poder del sujeto en la autodeterminación de su género como paso previo para la despatologización de la condición transexualy transgénero.
Una vez la propuesta de ley sea calificada por la Mesa de la Asamblea se remitirá al Consejo de Gobierno para que, en un plazo de 15 días, se pronuncie sobre su tramitación, y en caso de ser favorable, comenzará el periodo para la tramitación de enmiendas a su texto.