El caso de transfobia del colegio malagueño San Patricio, agravado por las declaraciones del obispo Jesús Catalá, tiene un nuevo y lamentable episodio: Tran no llegar a ningún acuerdo en el acto de conciliación se prepara una querella de la familia de la menor por atentar contra la dignidad e imagen de su madre.
En la demanda de conciliación fallida se pedía que reconociera que el prelado hizo valoraciones negativas sobre la actuación de la madre, cuya parte considera que ‘atentan contra el honor de mi representada’, al ser ‘ofensivas a su dignidad, imagen pública y buen nombre como madre de la menor’, instando a que se retractase de las mismas, a través de una nota de prensa, manifestando expresamente que ‘no se atienen a la realidad’.
Según ha explicado el abogado Oliver Roales, la representación del obispo ‘ha venido a manifestar que no hizo tales declaraciones, sin embargo no ha querido pronunciarse sobre si esas manifestaciones las suscribe o no’. ‘Se dice por una parte que se le ha malinterpretado y por otra no llega a desautorizar esas declaraciones, con lo cual lo que se pretende en realidad es volver a reproducir lo que ha sido objeto de ese procedimiento y del daño’, ha dicho.
Posteriormente, el letrado ha explicado en declaraciones a los periodistas que a partir de que en el acto de conciliación, al que no ha asistido el obispo sino su representación legal, no ha habido avenencia, insistiendo en que se encuentran en un lugar y en un momento en el que ya sí que tiene que pronunciarse porque el daño ya se ha producido. En sus propias palabras
Tenemos vía libre para interponer la querella y lo vamos a hacer. […] Hemos sido muy flexibles en cuanto a la redacción y los posibles términos de esa nota por parte del obispo, pero por lo que no pasábamos era en que quedara duda o ambigüedad acerca de si el obispo suscribía o no esas declaraciones y él en ningún momento ha querido pronunciarse a ese respecto,’
Las críticas del obispado
Por parte del Obispado no han querido hacer manifestaciones al respecto. En la demanda de conciliación presentada se pedía que reconociera que el obispo dijo que desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, del Obispado y de quien depende el colegio en el que entonces estaba el escolar, ‘defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad en contra del abuso de la Junta y de su madre’.
Asimismo, se señalaba que el obispo también afirmó que ‘hay informes que insisten en que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad del menor’, así como que ‘forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor’.
Así, se instaba a que ‘reconozca expresamente que es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña o que la haya sometido a tratamiento dañino de cualquier tipo, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad’ y, por tanto, que admita que las declaraciones ‘atentan contra el honor de mi representada’.
Se apuntaba que el mayor interés es ‘el restablecimiento del honor y la imagen pública’ mediante una reparación pública, por lo que no se ha pedido aún indemnización ‘por el daño moral causado, pese a la gravedad del mismo’, aunque se añade que esta parte se reserva el derecho a dicha reclamación económica.