La decisión judicial de la Corte Constitucional ha conseguido pintar todos los rincones del país cafetero con los colores de la Diversidad. Un gran paso para el colectivo LGTB, y para el resto de la sociedad colombiana que llevaba tiempo reclamando una legislación más equitativa.
En mayo del 2015 el gobierno colombiano, a través de Juan Fernando Cristo ministro del Interior, reiteraba su compromiso con el colectivo LGTB, un contrato verbal que no se ha quedado en un simple brindis al sol y ha conseguido modificar la realidad del país.
Apenas un mes después, se aprobaba una nueva ley por la que se facilitaba el cambio de sexo en los documentos oficiales con un simple trámite notarial. Antes de terminar el año, otra nueva ley dibujaba una sonrisa entre el colectivo: La Corte Constitucional de Colombia fallaba a favor de la adopción homoparental.
Ahora, el mismo órgano de justicia vuelve a situarse en el lado de la inclusión. El alto tribunal ha determinado que las parejas del mismo sexo tienen ‘los mismos derechos’ y, por lo tanto, ‘ni los jueces pueden negar la celebración de matrimonios igualitarios en Colombia’. Así, dicho contrato establece las mismas garantías jurídicas que para las parejas heterosexuales, evitando casos de discriminación.
Mediante esta votación, se rechaza la ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien ha defendido ante la Sala Plena de la Corte que la figura del matrimonio debería seguir aplicándose solamente a los casos en los que se hable de la unión entre un hombre y una mujer.
Patricia Mena y la oblicua historia del colectivo trans en Colombia, nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, esta nueva realidad sobre la que seguir trabajando resulta mucho más grata. Colombia se ha convertido en el cuarto país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario. La equiparación de derechos se encuentra más cerca.