A principios de marzo tuvimos la oportunidad de conocer los lamentables resultados del Informe sobre el Estado de la Homofobia en Cataluña elaborado por Observatorio Contra la Homofobia, del que se desgrana que el desconocimiento y la desconfianza son las primeras causas de no denuncia de la discriminación LGTBfóbica.
Hoy conocemos los más que alarmantes datos presentados por el Ministerio del Interior, que cifran las denuncias interpuestas en 2014 por delitos de odio en 1.285, en los que 513 -un 40%- tuvo como desencadenante la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
De la intersección de los resultados de ambos estudios se deduce que estas denuncias no son más que una ínfima parte de las situaciones de violencia que enfrenta la comunidad LGTB, pues entre sus razones para no hacerlo está la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores o que su caso no va a ser atendido.
Ante este contexto tan espantoso, entidades como FELGTB sostienen que estos casos ”son tan sólo la punta del iceberg” y han reaccionado reclamando al Gobierno una Ley de Protección Integral contra los Delitos de Odio con el objetivo de encargarse de las denuncias, tratarlas y apoyar a las víctimas.
La misma realidad escala en la Comunidad de Madrid
Si observamos los datos de una sóla región como la Comunidad de Madrid, salta a la vista el notable aumento de estos casos desde hace doce meses. Según apunta la asociación Arcópoli se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013, algo que según la asociación universitaria lleva meses avisando.
El incremento de estos actos violentos ha sido del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. A su vez, la asociación cifra en un 90% las agresiones LGTBfóbicas no denunciadas, tomando como datos los testimonios de las víctimas a las que ayuda.
Como han afirmado, es igualmente vital tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.
Arcópoli exige, como viene haciendo desde el pasado mes octubre a la Directora General de Asuntos Sociales, la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones registradas.
En el mismo sentido que la FELGTB, desde Arcópoli se reclama una Ley Contra la LGTBfobia y la implantación de un protocolo policial Contra los Delitos de Odio y la consecuente formación a las fuerzas policiales en este tema, con el objetivo de que conozcan las particularidades y sensibilidades del colectivo LGTBI.
El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado:
Una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.
De manera adicional, la Federación ha aprovechado la presentación del informe para trasladar al Ministro directamente su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. En apoyo a este caso, la FELGTB ha recogido ya más de 50.000 firmas en Change.org.
En palabras de su presidente, Jesús Generelo:
Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley.’