La reducción de la vulnerabilidad y eliminación de las barreras estructurales para acceder a las formas de prevención y el tratamiento contra el VIH constituyen la cuarta orientación estratégica del Plan de Acción Europeo para el VIH / SIDA 2012-2015, adoptado por los Estados miembros el pasado 2011.
Tal y como ha informado la oficina de la OMS en Europa, existen en nuestro territorio varios grupos clave que son más vulnerables a la infección por VIH que además tienen un acceso más limitado a los servicios de pruebas, asesoramiento, tratamiento y atención.
Entre ellos, y siempre tratados de manera colectiva, se incluye a los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trangénero, trabajadores sexuales, personas que toman drogas por via intravenosa, migrantes y presos.
La Unión Europea hace frente al virus de manera irregular
En este contexto no deja de sorprender el dato de que 13 de los 28 países europeos -casi la mitad- han informado de que algunas de sus legislaciones presentan obstáculos a efectivos de prevención, tratamiento y atención del VIH, así como el apoyo específico a la citada población clave.
Por esta razón, la institución ha señalado que para hacer frente a la epidemia del VIH los estados deben abordar los determinantes sociales de la salud y crear un entorno específico sanitario para proteger a su población.
La OMS ha recomendado a los Estados miembros que reduzcan la vulnerabilidad de su ciudadanía al virus y eliminen las barreras de caracter estructural a través de estas indicaciones:
- Trabajar en estrecha colaboración con la sociedad civil en los aspectos de supervisión del abastecimiento de medicamentos, la prueba de serología y las prácticas de asesoramiento incluidas en el Plan de Acción Europeo contra la epidemia.
- Contrarrestar los intentos para extender políticas y prácticas de los Estados que promuevan pruebas obligatorias para la detección de VIH y en general, continuar oponiéndose a cualquier tipo de análisis de carácter forzoso para la detección del virus.
- Mostrar oposición a las leyes y prácticas que obstaculicen la prevención, el tratamiento de la infección o que marginen y estigmaticen a las poblaciones clave.
- Revisar sistemáticamente las estimaciones de prevalencia y los factores de riesgo entre personas que se inyectan drogas -una práctica que ha revelado que el contacto con las fuerzas del orden y el entorno jurídico está asociado con el riesgo de infección por VIH-.
- Promocionar la implementación de políticas y prácticas basadas en la evidencia científca y los Derechos Humanos que den respuesta la epidemia.