En un país donde los colectivos LGTB luchan por avanzar más allá de la ley de Unión Civil para conseguir el pleno reconocimiento de los derechos matrimoniales de las personas homosexuales mientras siguen sufriendo una más que endémica persecución social –insuficientemente solventada por los poderes públicos- cualquier paso en favor de la mejora de la seguridad del colectivo es más que bien recibido.
En este inconveniente contexto para la expresión pública de la condición LGTB en los diferentes ámbitos sociales, una nueva ley contra las actitudes LGTBfóbicas y la violencia contra el colectivo ha entrado en vigor en el Estado de Río de Janeiro, por la que las personas que la vulneren podrán ser multadas hasta con 60 mil euros en los casos más severos.
Su texto, que permite a las instituciones religiosas inhibirse del mismo, prohíbe la discriminación o el tratamiento diferenciado a las personas homosexuales y lesbianas, contemplando el cobro diferenciado por la prestación del mismos servicio, así como la prohibición expresa del un trato diferenciado a estos colectivos en su acceso a lugares públicos y privados.
A pesar de que es una norma insuficiente por la excención de uno de los sectores que tradicionalmente más discriminan al colectivo LGTB y por su extensión limitada, la ley se ha recibido con satisfacción por los grupos de activismo, que han recordado que sólo en 2014 fueron registrados en Brasil 2018 asesinatos por odio contra LGTB.
Una abominable realidad más que extendida en el país iberoamericano, que según ha expuesto la organización Grupo Gay Bahía, es lamentablemente recurrente en la sociedad brasileña, al señalar que en 2013 el número de víctimas fue de 312 y en 2012 de 338.