A pesar de que el Magreb a Europa se llega en un salto, si comparamos las políticas relacionadas con colectivo LGTB, estas dos regiones están a galaxias de distancia.
Desde hace más de una década, Túnez se ha ganado la fama de ser el país más cercano y con una estabilidad sociopolítica garantizada. Esa es la visión que tenemos desde nuestros cómodos salones europeo, puesto que la comunidad LGTB se encuentra en una situación de constante fragilidad.
Uno de los principales baremos para medir la situación del colectivo es la relación que se establece el gobierno y los grupos activistas. Y en este caso, las noticias que llegan son desalentadoras. Hace semanas, la asociación Shams, que empuja por descriminalizar la homosexualidad en el país, recibió una sanción de 30 días a raíz de una denuncia presentada por el propio gobierno tunecino que acusó a la asociación de violar la ley que regula las ONG.
Pese a las trabas, el activismo sigue trabajando de manera incansable. Con el impagable apoyo de la población tunecina, que hace semanas se manifestó exigiendo la cancelación del artículo 230 del Código Penal, que tipifica la homosexualidad como un delito que puede llegar a ser penado hasta con tres años de cárcel, los grupos de apoyo a los DDHH continúan con una labor en la que cada pequeño avance es un gran premio.
El último fallo judicial tunecino es un nuevo logro del activismo. En declaraciones ofrecidas al portal local de noticias Tunisia Live, Ahmed ben Amor, vicepresidente de Shams, ha indicado que los ocho detenidos habían sufrido el fatídico artículo 230 del Código Penal.
Tras la sentencia que ha liberado a los ocho detenidos, la asociación Shams ha mostrado una alegría contenida. Y es que desde Shams se ha subrayado que, si bien aplauden la decisión del tribunal, se oponen a los continuos arrestos y juicios de tunecinos bajo el citado artículo, resaltando que ‘supone un asalto contra las libertades individuales y la integridad física’ de estas personas.