El pasado 2012 el Ministerio de Sanidad abrió una peligrosa brecha en el acceso a la atención sanitaria -hsata entonces universal- de nuestro país al excuír a través del Real Decreto Ley 16/2012 a las personas extranjeras residentes en nuestro país que se encuentran en situación irregular.
Tras numerosas quejas de organismos de dentro y fuera de nuestras fronteras y casi tres años desde su entrada en vigor, un nuevo estudio llevado a cabo por GeSIDA-SEIMC vuelve a poner de manifiesto la irresponsabilidad de dejar a parte de la población sin Sanidad, por el fuerte condicionamiento que esta política ejerce en la transmisión de enfermedades infecciosas.
En este contexto, y tras recabar la opinión de 97 médicos especialistas de 16 comunidades diferentes y 25 miembros de 23 ONGs radicadas en 11 regiones, el Grupo de Estudio concluye que la norma ha tenido ‘un impacto negativo en la práctica asistencial’, y ha generado ‘profundas inequidades’ en el territorio nacional.
La imprudencia en datos
Los resultados de la investigación ‘¿Cómo está afectando la aplicación del nuevo marco legal sanitario a la asistencia de los inmigrantes infectados por el VIH en situación irregular en España?’ llevada a cabo por profesionales de los organismos implicados, hablan por sí mismos de la alarmante situación en la que nos encontramos:
- El 37% de los médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas asegura que tienen dificultades ‘siempre o con frecuencia’ para atender a sus pacientes con VIH que son inmigrantes en situación irregular.
- Uno de cada cinco facultativos -21%- reconoce que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley -en situación de urgencias, embarazo, menores de edad o por motivos de salud pública- y el 16,1% ciento manifestó haber tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos.
- En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los participantes en la encuesta fueron la imposibilidad de citar a los pacientes (34%), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), la exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria…
- Solo el 26 por ciento de los médicos refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a esta población.
- El 71 por ciento de los médicos mostraron su desacuerdo con la citada reforma, y entre otros motivos argumentaron ‘razones de tipo ético y humanitario’, aunque también se ha resaltado el efecto negativo que tienen estas medidas sobre la salud pública y el gasto sanitario a largo plazo.
Entre las opiniones que han sido favorables al Real Decreto se encuentra algunas basadas en argumentos relacionados con la regulación del turismo sanitario, así como el pago de impuestos para beneficiarse de la Sanidad Pública.