El pasado mes de febrero se dio de manera excepcional y totalmente inédita en la Historia de nuestra democracia la introducción de un texto de denotado caracter fundamentalista en el Boletín Oficial del Estado, que afirmaba en alusión a la introducción obligatoria de la religión entre las asignaturas curriculares ”la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad”.
Hoy nos encontramos con un nuevo intento de supeditar nuestro orden jurídico a las restricciones asociadas a la religión católica, tras escuchar las últimas declaraciones del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso en RNE.
”El aborto no es un derecho, debe quedar claro”, ha afirmado el ministro al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno esté estudiando introducir algunos cambios a la reforma presentada en el Parlamento para que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.
‘Estoy preocupado por las cifras del aborto, está bajando pero no tiene variaciones significativas’, ha dicho Alonso, quien ha considerado que hay muchos abortos ”evitables” en España. El ministro ha insistido en que el Gobierno llevará en el Plan de Familia algunas medidas, porque ha opinado que ‘se pueden mejorar mucho las políticas de planificación familiar y de ayuda a las familias y a las mujeres’, además de trabajar en la prevención.
Estas declaraciones se producen el mismo día en que el diario EL MUNDO publica que el partido en Gobierno piensa endurecer su reforma de la ley del aborto para atraer a los diputados provida. Entre otras nuevas medidas, los populares se estarían planteando eliminar la posibilidad de que las menores aborten sin consentimiento paterno.
Hay que recordar la gran lucha que han llevado a cabo las organizaciones sociales en favor de los derechos de la mujer, para bloquear la modificación de esta ley durante la legislatura, que incluso llegó a ser causa de la salida del Gobierno del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, principal valedor de la reforma.