Violaciones, asaltos sexuales, ”tests de virginidad”, electrocución de genitales… y otros aberrantes y vejatorios crímenes son las prácticas que la FIDH atribuye a la policía, los servicios secretos y los militares en un alarmante informe que han publicado sobre la inseguridad y el control de la población egipcia.
El organismo dedicado a la defensa internacional de los Derechos Humanos detalla estas salvajes vulneraciones de la integridad de las minorías del páis en el texto ‘Exposing State Hypocrisy; Sexual Violence by Security Forces in Egypt‘ que han nutrido gracias a la participación de a víctimas, abogados y ONG locales.
La FIDH asegura en él que los casos han aumentado durante el régimen de Abdelfatah al Sisi, que depuso en un golpe militar en 2013 al presidente islamista Mohamed Murs. A su vez, la Federación detallan el caracter ”indiscriminado” del uso de la violencia sexual contra opositores, trabajadores de ONG, estudiantes, mujeres y las personas percibidas pertenecientes al colectivo LGTB.
Este tipo de violencia es perpetrada ”a gran escala” por las fuerzas de seguridad del Estado y con independencia del contexto en el que se produjo su detención, lo que deja más que en entredicho las medidas del Gobierno para combatir el acoso sexual en Egipto, agrega el estudio. Por otro lado, el documento afirma que ni los uniformados ni los civiles que cometen estos crimen suelen responder ante la justicia.
Paralelamente a la permisión delos delitos, la FIDH acusa al régimen de al Sisi de apropiarse de la lucha contra la violencia sexual, con el pretexto de reforzar la seguridad del Estado, orquestando una campaña represora contra las personas que perciben como homo, bi o transexuales.
Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas en establecimientos de baños, vigilancia a través de aplicaciones de citas y detenciones arbitrarias, que en muchos casos fueron culminadas con actos de violencia sexual, justificándolas como ”necesarias para la moral y el orden religioso” de Egipto.
Por esta razón, el organismo urge al Gobierno egipcio a poner fin inmediatamente a estos crímenes, cometidos por personas bajo su autoridad, y a investigar todas la denuncias, castigar a sus autores y acabar con la impunidad.