Para el presidente eslovaco ”nada cambia” tras someter los Derechos Humanos a consulta
El pasado sábado la sociedad eslovaca desoía el llamamiento al referéndum que quería prohibir cualquier legislación futura favorable al matrimonio igualitario y a la adopción de menores por personas del mismo sexo, invalidando su caracter vinculante al no alcanzar más del 21,3% de participación ciudadana.
Tras este insultante y abyecto subterfugio que por fortuna ha podido esquivar -pero que podría haber supuesto el blindaje constitucional contra los derechos LGTB de un estado europeo- la sociedad eslovaca se resiente al haberse creado una brecha en su opinión pública, hecho que hoy evidencia su presidente.
Andrej Kiska ha calificado de ‘daño para la convivencia’ el entorno creado tras la consulta pública, ante el que ha llamado a la ciudadanía a salvar sus diferencias.
De la misma manera, en el misma intervención, el presidente eslovaco mostró su decepción porque en la campaña ‘se sobrepasaron las fronteras de la decencia como nunca antes’.
¿Nada cambia?
Kiska aprovechó su discurso para resaltar que ‘nada cambia’ tras el citador referéndum, ya que la Constitución continuará definiendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, obviando dar importancia a las agrias ofensas que la comunidad LGTB eslovaca ha tenido que enfrentar durante las últimas semanas -y que él mismo reconoce-.
A su vez, el presidente eslovaco achaca que las personas del colectivo no acudió a las consulta por ”miedo”, minimizando el impacto de la campaña contra la participación en la consulta que los colectivos y medios de comunicación han llevado a cabo para anular el referéndum.
Kiska reconoció que en Eslovaquia existe un ‘déficit creciente’ a la hora de comprender los problemas que afronta la comunidad LGBT y afirmó que es necesario ‘librarse de los prejuicios’, abogando por ‘la tolerancia mutua, el respeto y la comprensión’ y -consecuentemente- eludiendo la vital importancia de la voluntad política en estos casos.
Esta llamada al respeto a su ciudadanía llega después de que Kiska permitiera la consulta pública a petición del grupo ultra Alianza por la Familia que entregó cerca de 400.000 firmas en su favor y obtuvo el apoyo explícito del Vaticano.