El Senado italiano aprueba la Ley de Unión Civil que ignora a las familias homoparentales

La apropiación de conceptos como ”familia” o ”matrimonio” para limitar y excluir a las minorías sexuales y de género de sus derechos fundamentales es un tradicional objetivo de la Iglesia Católica del Estado Vaticano en su gesta por mantener su situación de poder y privilegio en la estructura social.

Esta reaccionaria influencia, que se ha repetido en la totalidad de países en los que opera como institución religiosa y grupo de presión cuando se han querido regular los derechos fundamentales de las mujeres y la población LGTB, ha tenido que ser sorteada en mayor o menor medida por los poderes públicos para ofrecer a su ciudadanía un marco social y legislativo más igualitario.

Por esta razón, el movimiento LGTBI italiano asiste con perplejidad y bastante vergüenza a la enésima intentona de aprobar una ley de Unión Civil que contemple a las parejas homosexuales. Una norma que cuanto más se acerca en el horizonte, menos se parece a la que había impulsado inicialmente la senadora Monica Cirinnà.

Precedida por la condena de Estrasburgo por no ofrecer reconocimiento legal a las parejas homosexuales, la disculpa pública del presidente del Senado por el retraso en materia de derechos humanos LGTB y el masivo apoyo de la ciudadanía en las calles, la aprobación del texto legislativo que reconoce las parejas homosexuales pero no a sus familias sólo puede interpretarse como la autocensura y doblegación de los intereses sociales de Italia a la injerencia del Estado Vaticano.

Se puede decir sin mucho reparo que la ley de Unión Civil que ha respaldado la Cámara Alta echa a correr a su próximo debate en el Congreso con un tiro en la pierna al haber sido eliminado su apartado referente a la adopción de los hijos biológicos de la pareja, algo que hace imposible el reconocimiento de las familias reconstruidas por progenitores homosexuales.

Entre los derechos que la Unión Civil sí contempla se encuentran el permiso de residencia para el cónyuge extranjero/a y la posibilidad de que la pareja adopte un apellido único. Por otro lado, se ha eliminado de sus requisitos la obligación de la fidelidad, mientras se mantienen la ayuda recíproca moral y material y la pensión de supervivencia.

A partir de ahora será cada pareja homosexual en Unión Civil la que tenga que reclamar a la justicia la adopción de los hijos biológicos de su cónyuge, quedando invisibilizada la figura de familia homoparental reconstruida, algo que sólop puede tomarse como una ineficaz solución al vacío legal en el que Italia se encontraba como último país de Europa occidental en regular las parejas del mismo sexo.

Tras la aprobación del texto en la Cámara alta, la senadora Cirinná ha sido ovacionada por los miembros del Partido Demócrata, a pesar de que el texto aprobado parece no contentar ni al movimiento activista LGTBI ni a los sectores ultracatólicos y conservadores.

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