Desde el pasado mes de diciembre, el sexo anal en la India es un delito que se paga hasta con cadena perpetua. Una decisión que invalidó la histórica adoptada en 2009 por la Corte de Nueva Delhi que anuló la prohibición de la homosexualidad vigente desde la era colonial.
Anque la consecuente condena de la ley por gran parte de la comunidad internacional no causó ningún cambio en esta política homofóbica, hoy conocemos gracias al medio ONE INDIA NEWS que la presión de los grupos activistas pro LGTB y derechos humanos ha conseguido que el Tribunal Supremo reconsidere la derogación de esta altamente discriminatoria ley.
Principalmente, los esfuerzos realizados por la ONG Fundación Naz han propiciado que el alto tribunal vuelva a estudiar su veredicto sobre la penalización de los actos homosexuales en su país.
La alta cámara, encabezada por su presidente, P.Sathasivam, ha manifestado que considerará la petición de la ONG de ‘establecer un diálogo con la institución con el objetivo de subsanar el error judicial’ en audiencia pública, después de que el abogado de la fundación presentara la petición pública por parte de la organización activista.
Esta iniciativa se une a otras como la del líder político Arvind Kejriwal, que ha creado un partido que defiende abiertamente la Diversidad afectivo sexual en su programa electora.