Numerosas ONG denunciarán ante la ONU que España se aleja de la igualdad

Se trata de un informe sombra, un documento que elabora la sociedad civil para que Naciones Unidas tenga una versión distinta de la oficial sobre el grado de cumplimiento de una Convención. En este caso, ha sido elaborado por la Plataforma CEDAW España –50 ONG–, cuenta con más de 260 apoyos y se presentará en noviembre en Ginebra, durante una sesión previa a la evaluación de España, en julio de 2015 en Nueva York.

El trabajo, que se presentará este martes en Madrid, analiza cada uno de los artículos de la Convención y su tratamiento en España de 2008 a 2013. En relación a la obligación de avanzar en igualdad y Derechos Humanos, incide en la ‘persistencia de discriminación y carencia de medios’ en la lucha contra la violencia de género, entre otros aspectos.

Víctimas en peligro

Según dice, la asistencia integral a las víctimas ‘se encuentra en peligro al no existir una norma o acuerdo político que garantice estándares mínimos de disponibilidad, accesibilidad y calidad’, mientras ‘la ausencia de coordinación interterritorial hace que se tomen decisiones que amenacen la red de recursos de información, atención y recuperación de las víctimas en el conjunto del Estado’.

En este sentido, detalla que desde 2011 ‘se ha producido una merma en la cantidad y calidad de los servicios’ y pone como ejemplo los casos de Baleares, donde se han cerrado 9 de las 10 oficinas de atención a las víctimas de delitos; Málaga, que clausuró en 2012 la casa de acogida de mujeres con dificultades especiales o Castilla-La Mancha, donde ‘están desapareciendo servicios como los centros de información a la mujer’ en las áreas rurales.

Para la Plataforma, existen ‘graves déficits en prevención’ de violencia de género con ‘campañas insuficientes que con carácter general ponen el acento en que la mujer denuncie obviando los obstáculos que enfrenta’ y un presupuesto ‘muy inferior a otros menos prioritarios’, entre los que cita la campaña de reclutamiento del Ejército, cuya partida duplicó la de prevención de la violencia machista en 2012.

La prevención tampoco funciona

También arroja deficiencias en materia de formación de agentes implicados, asunto éste que ya motivó una recomendación de la CEDAW a España en 2009. ‘A los fiscales que acceden a las secciones de violencia de género no se les exige una formación previa. En el caso de la judicatura, hasta 2010 no tuvo lugar el primer curso (…) y la formación para quienes ejercen la abogacía dista mucho de ser adecuada’, explica.

Asimismo, denuncia la ausencia de medidas especiales para evitar la discriminación de mujeres en sectores especialmente desprotegidos, la falta de desarrollo de estadísticas sobre las gitanas que pedía la CEDAW en su último informe, la ‘deficitaria y desigual’ previsión de intérpretes para víctimas de violencia de género con discapacidad y la persistencia de la posibilidad de que una migrante en situación irregular sea expulsada tras denunciar una agresión.

En el informe se pone también de manifiesto la ‘insuficiente evaluación de impacto de las leyes y políticas públicas’, dado que la Ley Integral cumple 10 años en noviembre sin que se hayan ‘evaluado en profundidad’ sus medidas contando con la participación de supervivientes y organizaciones de mujeres. Tampoco han sido objeto de una evaluación ‘pública y transparente’ los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

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