La intransigencia del PP orbita sobre la Ley de Transexualidad madrileña
En nuestro país hay historias recurrentes, que se repiten una y otra vez: en verano se multiplican los festivales, la Iglesia Católica ataca sin ningún tipo de disimulo al colectivo LGTB, los discursos de Mariano Rajoy sólo se pueden entender (a veces ni así) si unx lee los subtítulos y el Partido Popular se encarga de mostrar su postura beligerante contra la comunidad LGTB cada vez que se aprueba una ley que amplía o protege sus derechos.
Ha ocurrido en un pasado lejano (no se nos debe olvidar que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso -el de la vergüenza- contra el matrimonio igualitario) y también en el pasado más cercano (el partido liderado por Rajoy interpuso un recurso contra la Ley de Transexualidad andaluza por aludiendo al punto de la documentación administrativa).
Ahora, el Partido Popular ha vuelto a mostrar su cara más intransigente aludiendo a cuestiones técnicas para considerar que dos artículos de la Ley de Transexualidad madrileña, aprobada en marzo gracias al voto conjunto de la oposición y con la abstención del PP, son inconstitucionales.
¿Exceso de competencias?
En concreto se trata de los artículos 7 y 48. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro considera que la región se excede en estos dos artículos en sus competencias, al estar según su interpretación legislando en una materia que interpreta como propia de la esfera estatal.
El artículo 7 regula lo relacionado con la documentación administrativa. La normativa establece que en los procedimientos administrativos de la región se tendrá en cuenta el sexo ‘autodeterminado’, aquel al que las personas sienten pertenecer.
Mientras, el artículo 48 regula la inversión de la carga de la prueba. Se establece así que en el momento en que una persona sufra discriminación por razón de identidad y género corresponde al presunto agresor aportar la justificación de que no ha sucedido.
Como se ha encargado de anunciar Carla Antonelli en la Asamblea de Madrid, el recurso apenas va a tener recorrido puesto que otras CCAA como Extremadura o Cataluña han aprobado leyes similares.
Sin embargo, de este recurso subyace algo más importante. Para el Partido Popular sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda y el colectivo LGTB siempre se sitúa a la cola de los derechos.