La expansión de matrimonio igualitario obliga a pronunciarse a otros países
El pasado viernes, la sociedad irlandesa apoyó mayoritariamente la introducción de una enmienda en su constitución para equiparar los derechos matrimoniales de las parejas homo y heterosexuales. Un avance para el colectivo LGTB que, a pesar de haber llegado a través de un referéndum, supone un reconocimiento de los valores de la Diversidad en un contexto tradicionalmente conservador y religioso.
De una manera completamente diferente -emanada a través de los poderes públicos y no la consulta popular- Groenlandia ha dado el mismo paso ayer, convirtiéndose en el vigésimo segundo país que legisla a favor del derecho tres años después que sus convecinos daneses.
De 31 votos totales, 27 parlamentarios groenlandeses votaron a favor de adoptar la ley danesa que legaliza los enlaces entre personas del mismo sexo, frente a dos abstenciones y ningún voto en contra. Esta decisión llega tres años después de que el Reino de Dinamarca adoptara el matrimonio igualitario y entrará en vigor a partir del 1 de octubre.
Estos dos ejemplos unidos al inminente -y presumiblemente positivo- fallo del Tribunal Supremo de EEUU sobre la potestad de los estados de prohibir las bodas homosexuales ha hecho que otros países comiencen a reflexionar sobre el impacto social -y económico- que podría suponer la introducción de una norma similar.
En el caso alemán, que ha trascendido de nuevo durante esta semana, la presión de varios partidos opositores a CDU de la Canciller Angela Merkel, han evidenciado el bloqueo desde hace años tanto del matrimonio igualitario como la adopción homoparental, denunciado entonces por uno de sus ministros, pero nuevamente descartado por el Ejecutivo
No obstante, el Gobierno alemán maquilla sensiblemente la situación con el paquete de medidas que ha aprobado para combatir la discriminación a LGTB, que tienen como objetivo ‘avanzar hacia la plena equiparación de los derechos fiscales y de otra índole de las parejas homosexuales’ sin reconocer ni el matrimonio ni la adopción, tal y como ha indicado el el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert.
Por su parte, en Italia, tras una puja del Gobierno central y varias ciudades como Roma, Bolzano y Padua, agentes sociales y políticos comienzan a tomar conciencia de la necesidad de aprobar una normativa equivalente. De la misma posición son los políticos afines al primer ministro, Matteo Renzi, que han comenzado a hacer declaraciones públicas sobre la aprobación de una ley de Unión Civil.
Según informan varios medios como TELEGRAPH, Renzi se ha reunido de manera privada con su gabinete, donde gran parte de sus integrantes se han mostrado favorables a la propuesta. Sin embargo, la sombra ultra conservadora del Estado Vaticano sobrevuela las ”buenas intenciones” del Partido Demócrata, mucho más después de que el Papa definiera la aprobación del matrimonio igualtario en Irlanda como ”una derrota para la humanidad”.
Quizá la mejor opción para el Gobierno italiano sea organizar un reféndum como el irlandés, pues a pesar de que los derechos fundamenteales no deberían nunca someterse a la decisión de la mayoría, los editoriales de varios periódicos han sugerido que la consulta pública tendría un resultado similar, aludiendo al referéndum que el país organizó en torno al divorcio, en el que el 60% de ciudadanos votó a favor de su aprobación, oponiéndose implícitamente al deseo de la Iglesia Católica.