El marco judicial de los derechos reproductivos en España ‘es el necesario’, según el Gobierno

Ante la polémica decisión de Sanidad que excluye a las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras del acceso a la reproducción asistida y la desprotección de las mujeres frente a un embarazo no deseado, la política de salud sexual y reproductiva del Gobierno ha sido cuestionada en el Congreso. 

La diputada del grupo socialista -y única integrante abiertamente lesbiana del hemiciclo- Ángeles Álvarez, ha preguntado al Ejecutivo si son los profesionales sanitarios deben tomar las decisiones sobre el número de hijos que deben tener las mujeres.

En respuesta, el Gobierno ha remarcado remarca que las decisiones sobre la vida sexual y reproductiva corresponden a cada persona, al mismo tiempo que los profesionales sanitarios han de garantizar el cumplimiento de esos derechos en las ‘mejores condiciones de salud’ de las personas, bajo la ‘mejor evidencia científica disponible’ y dentro de la legalidad y la normativa vigente.

Por ello, el Gobierno asegura que España cuenta con el marco jurídico ‘necesario’ en relación con los derechos de la salud sexual y reproductiva de la mujer y la igualdad de género, remarcando que ‘todos’ los profesionales sanitarios garantizan la salud de las mujeres.