El activismo hace una nefasta valoración de los tres años de Gobierno popular

Hace tres años desde que en Elecciones Generales se otorgara la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados al Partido Popular. Un tramo en el que más allá de los despidos en diferido, las comunicaciones en pantallas de plasma y las reformas y campañas sufragadas con dinero negro los derechos LGTB se han visto frecuentemente obviados y subestimados de manera transversal con los de otros colectivos sociales y profesionales.

En este sentido y tomando como inicio la reciente la amenaza sobre la ley de transexualidad andaluza, la FELGTB ha enviado un comunicado a los medios en el que resumen un informe que no puede ser más desolador: Día tras día en esta legislatura las personas LGTB, al igual que otros ciudadanos, han visto cómo el Gobierno hace mermar sus posibilidades de desarrollo y libertad personal.

La Federación quiere así denunciar el freno que para la igualdad ha supuesto la legislatura de Mariano Rajoy, que haciendo valer su mayoría absoluta en la cámara legislativa ‘ha desmantelado la sanidad universal, excluido del acceso a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres sin pareja varón y desterrado del currículo escolar la educación en diversidad sexual y familiar‘.

Según FELGTB, este retroceso tienen además especial impacto en la infancia y juventud. Por ello han detallado de manera pormenorizada los perjuicios suscitados en diferentes campos de la sociedad democrática y el desempeño ministerial, que a continuación recogemos:

Sanidad

  • La descapitalización económica y humana del Plan Nacional sobre el Sida aboca a la desaparición de toda una serie de redes de prevención y apoyo mutuo que se ha forjado en los últimos 30 años y tiene unas consecuencias devastadoras para gais, bisexuales y transexuales que ya son uno de los colectivos con mayor nivel de prevalencia.
  • La exclusión sanitaria del RD 16/2012, el repago de fármacos o la limitación de la prescripción de nuevas terapias frente al VHC por motivos económicos pone en riesgo la salud y la vida de una parte de esta sociedad, también personas LGTB, así como la discriminación en el acceso a la reproducción asistida en la seguridad social,  muestra que las prioridades del Gobierno a la hora de asignar presupuestos no busca la igualdad, sino que la condena.
  • El tratamiento integral de la transexualidad sigue sin formar parte de la cartera de prestaciones comunes de la Seguridad, y los bloqueadores hormonales para los menores no son accesibles en todas las comunidades.
  • El Ministerio de Sanidad tampoco ha aportado soluciones tras más de seis meses de la retirada de las farmacias por parte de Bayer de la testosterona inyectable Reandron, necesaria para muchos hombres, entre ellos los transexuales.

Educación

  • En el ámbito educativo, la supresión de Educación para la Ciudadanía ha dejado sin espacio en el currículo escolar la educación en valores y la nueva ley suprime los horarios de tutorías donde se puede trabajar el respeto a la diversidad.
  • No se ha articulado una legislación que suponga una protección efectiva de las y los menores acosados por razón de orientación sexual o identidad de género, y no existen medidas comunes de tratamiento a la realidad de los menores transexuales.

Igualdad

  • El Partido Popular rechaza frontalmente la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, una iniciativa que unificaría directivas europeas y que responde al mandato constitucional de remover los impedimentos para lograr la igualdad.
  • El cierre del Consejo de la Juventud de España tal y como lo conocíamos supone el desmantelamiento de una red democrática de participación juvenil con 30 años de historia donde jóvenes LGTB han encontrado un espacio de discusión, crecimiento e igualdad.
  • Respecto a la protección de las personas transexuales, el gobierno, lejos de colaborar activamente, utiliza supuestos mecanismos técnicos para entorpecer los avances conseguidos en algunas comunidades autónomas. Tal es el caso de la Ley integral que ha aprobado Andalucía por unanimidad y sobre la que pesa la amenaza de recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno.

Interior

  • La ley de asilo, que reconoce este derecho a quienes sufren persecución por orientación sexual o identidad de género no está siendo aplicada con garantías, sin que desde el Ministerio se aporte una razón. El hecho de que Jorge Fernández Díaz sea fervientemente contrario al matrimonio igualitario supone una inquietud para el colectivo LGTB.
  • Asimismo los datos muestran que los delitos de odio contra la diversidad sexual son los más frecuentes sin que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan una formación que les ayude a trabajar sus propios prejuicios y atender de forma adecuada a las víctimas, que según los estudios no denuncian en un 89% de los casos.

Exterior

  • Los consulados españoles niegan a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio, diferenciando así a las parejas de españoles de distinto sexo que sí pueden casarse, de las que están formadas por dos hombres o dos mujeres.

Laboral

  • La reforma del Gobierno del PP ha supuesto una reducción de los derechos de las y los trabajadores que se transforma en mayor vulnerabilidad ante un ambiente hostil por LGTBfobia y un aumento de posibilidades de despido para un enfermo crónico, como lo puede ser una persona que vive con VIH, ya que la ausencia aunque sea por una baja médica puede ser constitutiva de despido.

La presidenta de la FELGTB, Boti G. Rodrigo, ha remarcado el traslado de todas estas obligaciones ministeriales al trabajo del activismo, afirmando que:

En el tema de la educación, por ejemplo, nos vemos en la obligación de tomar la iniciativa y formar a la comunidad educativa para abordar la diversidad sexual y de género en las aulas, así como de formar e informar a las familias sobre cómo enfrentarse a la LGTBfobia pero la responsabilidad es del Estado que desde que está Mariano Rajoy en el Gobierno da siempre la espalda al trabajo por la igualdad.’

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