ATA muestra su indignación ante el rechazo de la querella contra el obispo Catalá

Ante la denegación de la admisión a trámite de la querella contra la directora del colegio San Patrico de Málaga y el presidente de la fundación religiosa a la que pertenece, el obispo Jesús Catalá, por parte de Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, ATA ha publicado una entrada en su blog mostrando su frontal rechazo a este fallo.

La querella estaba motivada por un supuesto delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, motivo por el cual la niña tuvo que abandonar el colegio, hecho que fue valorado por la familia como ‘una expulsión de facto’.

¿Qué denuncian?

ATA expresa en el texto publicado que de nuevo ‘se han vulnerando los derechos de las personas transexuales en Andalucía a través de un auto que deja ver el poder que sigue teniendola Iglesia católica en España’.

Para mayor estupor el auto especifica que, dando como ciertos los hechos denunciados, recurre a su naturaleza “atípica” y  a un “olvido” del legislador para justificar esta decisión, admitiendo al mismo tiempo que, la discriminación por identidad sexual es considerada como “agravante genérica”.

Por esta razón, ATA reclama un actualización en la interpretación de la norma, teniendo en cuenta que la Ley Integral de Transexualidad aprobada en Andalucía contempla artículos específicos contra la transfobia en los centros educativos, añadiendo que la nueva directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

Mar Cambrolle, presidenta de la asociación, ha declarado al respecto: 

Ni Fiscalía, ni la Consejería de Educación, han estado a la altura de las circunstancias en este caso de vulneración de derechos de una menor transexua. […] Está claro que después de la aprobación de la Ley integral de Transexualidad aprobada el pasado 25 de junio, este colegio no debería percibir ni un euro público y estas situaciones no serían posible si el Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz, estuviese aprobado y fuese de obligado cumplimiento.”  

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